Juicio por Jurados: ¿La mejor versión de la Justicia?

Cuando hablamos de un juicio por jurado, lo primero que se me viene a la cabeza son esas películas de Hollywood de cuando era chico, donde el fiscal del caso saca a relucir toda su capacidad interrogativa y deja al descubierto a la vista de todo un jurado al autor del crimen, en una jugada maestra. “Qué peliculón”, me decía mi viejo. Y tenía razón: durante casi dos horas habíamos seguido atentamente una ficción que nos mantuvo cautivos a la pantalla, sin perdernos detalle de lo que lentamente cocinaba el fiscal para ganar el caso.

Pero era algo propio de una película. Como dije, era ficción y sucedía en Estados Unidos. Acá, en Argentina, los juicios eran diferentes, y sobre todo no eran tan apasionantes como en las películas. La Justicia siempre fue algo que pasa puertas adentro de un viejo edificio atiborrado de expedientes, y que el común de las personas siempre consideró ajeno a su vida.

Un día eso cambió. El 5 de noviembre de 2019 se sancionó la Ley 10.746, y se originó un nuevo hecho judicial: se implementó el juicio por jurados. Se modificaba la forma de enjuiciar a aquellos imputados de delitos graves, cuya pena máxima en abstracto era de 20 años o más de prisión.

Fue recién en ese momento en que me enteré que el Juicio por Jurados no era algo propio de las películas “yanquis”. Esta modalidad ya se había establecido en nuestra Constitución Nacional de 1853, copiado del modelo estadounidense. Entre Ríos la sumó a su Constitución provincial, “para garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia y acercarla a la sociedad”.

Ese es el fin: que la sociedad sea parte de la forma de administrar justicia. Pero es allí donde también radica uno de los cuestionamientos: ¿está la sociedad capacitada para ejercer justicia o es una forma que tienen los operadores judiciales de quitarse responsabilidad para evitar ser cuestionados?

El Jurado y su imparcialidad

El principal argumento en este tipo de juicios es que “el jurado otorga mayor imparcialidad, ya que la decisión será tomada por 12 personas que no están involucradas de manera previa en el caso, ni pertenecen al Poder Judicial. Es más respetuoso de los derechos y garantías que rigen el proceso penal, dado que aumenta la legitimidad y la confianza que tiene la ciudadanía en la justicia, ya que es la propia sociedad la que toma las decisiones”.

Es cierto que la decisión de condenar a alguien ya no recae en uno o tres jueces, sino en 12 personas que nada tienen que ver con la abogacía y de forma unánime deben decidir por el futuro de un imputado. ¿Es posible que esas 12 personas, con problemáticas cotidianas como cualquier otra, con ideologías, experiencias y posicionamientos políticos, pueden abstraerse de subjetividad y decidir objetivamente sobre alguien?

Casualmente, el primer juicio por jurados que se realizó en Gualeguaychú me puso en esta disyuntiva. Fue el primer juicio declarado estanco en nuestra provincia. Esto quiere decir que el jurado no llegó a un veredicto unánime de culpabilidad y por lo tanto el imputado estaba a un paso de ser sobreseído de la imputación. Debía realizarse un segundo juicio y si el jurado volvía a no acordar de forma unánime, el acusado ya no podría ser nuevamente juzgado. Quedaría libre.

El caso en cuestión tenía una particularidad: el imputado era un policía que había disparado y asesinado por la espalda a un delincuente. En ese primer juicio los jurados no se pusieron de acuerdo y seguramente a muchos de ellos se les originaba un choque de paradigmas, y lo que realmente había sucedido nublaba su sensatez.

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Finalmente, en ese segundo juicio realizado a fines de 2023, el policía acusado fue encontrado culpable y posteriormente condenado a 17 años de prisión. Otro juez técnico, posiblemente más capacitado que el primero, o mejor preparado para este tipo de juicio, supo sobrellevar a ese nuevo jurado para sortear cualquier vicio de objetividad y lograr la condena de forma unánime.

Pero, ¿es la unanimidad del jurado la mejor forma de justicia? Hay quienes consideran que un jurado que resuelva por mayoría es más resolutivo, expeditivo, porque genera menos deliberación, pero aquellos que están en contra se aferran a ese mismo argumento para su posicionamiento: creen que hay una menor responsabilidad de quienes son jurados porque los que son mayoría no precisan escuchar a la minoría.

“Cuando se requiere unanimidad, los que son mayoría tienen que tratar de convencer con argumentos a los que son minoría. Hoy por hoy, lo que se está viendo en Estados Unidos, es que casi no están quedando juicio por jurado por simple mayoría, sino que casi todas se han decidido por la unanimidad porque le da mayor confiabilidad al trámite”, explicó el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán.

“La unanimidad genera mayor debate, diálogo, e intercambio de opiniones en el jurado. Esa mayoría se esfuerza por convencer con argumentos a la minoría, y cuando no puede, el jurado queda estancado. Actualmente, casi todos están a favor de que el jurado tiene que ser por unanimidad y no por simple mayoría”, agregó el funcionario judicial y también docente de Derecho Penal.

La fiscal Martina Cedrés también concuerda con esto, y esgrime en que está en la pericia del funcionario judicial lograr llevar adelante el juicio. “Siempre llegás a la unanimidad si vos tenés pruebas y si sabes prepararlo. El fiscal tiene que estar preparado y todo va a depender de la habilidad que se tenga. El sistema funciona, y funciona bien, sólo se debe estar preparado para hacerlo de la mejor forma”, opinó.

La demanda económica

Los puntos a favor son claros: hay un acercamiento del sistema de justicia penal con la gente; una mayor credibilidad por el hecho de que participan ciudadanos comunes; y confiabilidad general de la ciudadanía en fallos de la propia comunidad, aun cuando son absolutorios. Despiertan menos críticas que un fallo absolutorio dictado por jueces técnicos.

Pero cuando se analizan las contras aparecen argumentos que en principio no habían sido tenidos en cuenta. El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Leonardo Portela, mencionó que la cuestión económica es un factor que incide de forma negativa. “Cuando se sancionó la Ley vigente, los legisladores estimaron que se harían alrededor de 10 juicios por jurados por año en la provincia. Actualmente se realizan entre 35 y 40; y el costo de cada juicio ronda los 10 millones de pesos”, señaló a EL ARGENTINO.

Este dato no es para nada menor si se tiene en cuenta que se ha triplicado la cantidad de juicios que se tenían estimados en un principio, en donde cada jurado percibe un monto aproximado de 100 mil pesos diarios por lo que dura el debate.

“Si bien la legislación tiene buenas intenciones al impulsar el juicio por jurados, como forma de democratizar el hecho de impartir justicia y que la ciudadanía se involucre en los asuntos públicos, el hecho que los delitos que tienen una pena potencial de “hasta” 20 años implica que casi todos se deban juzgar de esta manera. Esto genera dos problemas, uno coyuntural y otro estructural. El coyuntural es el económico, y en el actual contexto de crisis ese costo es insostenible”, manifestó Portela.

Sobre el problema estructural, mencionó una cuestión que involucra a las víctimas de delitos de naturaleza sexual. “Las víctimas no quieren atravesar un juicio por jurados porque su caso indefectiblemente se hará público. La triste consecuencia es que, en ocasiones, las víctimas no denuncian porque cuando se les informa que el victimario tendrá que ser juzgado de esa manera, retroceden. Conclusión, el juicio por jurados, como está establecido, desalienta las denuncias y provoca un grave quebranto económico”, indicó Portela.

Los abusos, el cuello de botella

Actualmente se está trabajando en una reforma del proceso penal en la provincia y se propone establecer que el juicio por jurados será aplicable a los delitos que tengan una pena superior a los 20 años. De esa manera quedarán excluidos los delitos sexuales.

El procurador General de la provincia, Jorge Amilcar García, se refirió a este punto: “En el apuro por sacar la Ley dejaron delitos como el homicidio tentado, los robos calificados por arma, y sobre todo los abusos sexuales agravados; y esto provocó en pocos años un colapso del sistema”.

En diálogo con EL ARGENTINO, García manifestó: “Entre Ríos ha sido especialmente efectivo en la investigación y sanción de los delitos de género y sobre todo en la develación y denuncia de los abusos sexuales muy graves, intrafamiliares y extrafamiliares, sobre todo a menores, y este conjunto de situaciones dieron como conclusión que hoy existe un atraso espantoso de casi diez años para fijar fecha de juicio de jurados”.

Este atraso al que hace mención el procurador ocurre en jurisdicciones grandes, como la de Paraná, pero es tenido en cuenta por los abogados defensores, que no quieren que se toque la ley porque les garantiza a sus clientes que van a estar en domiciliaria o en libertad hasta entonces. “Estamos sentados en un barril de pólvora porque si un acusado de abuso sexual llega a matar a una víctima "esperando" el juicio, nos van a incendiar la provincia y esto lo he dicho en la Cámara de Diputados y en todas partes”, manifestó el Procurador.

“No se trata de estar a favor o en contra del juicio por jurados, eso ya fue y es el legislador el que decidió. Simplemente se trata de garantizar que ese sistema tan peculiar, sea eficaz en los delitos más graves”, reflexionó el jefe de fiscales.

Florencia Rojo, directora del Instituto de Derechos de las Mujeres, Géneros y Disidencias del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER), opinó que el juicio por jurado “es herramienta que la Justicia utiliza para finalizar rápido las causas y seguir con la siguiente”. “Puede ser beneficioso porque los tiempos se acortan, lo que antes duraba meses ahora se hace en días y es evidente que una Justicia lenta no es justicia. Pero, y para mí es el punto más cínico de esta herramienta, es que con tal de acelerar no se pone en el centro a las personas que, en caso de abuso sexual, una vez más son revictimizadas”, agregó en declaraciones a EL ARGENTINO.

Para esta abogada, “estar a la espera de que tu abusador pueda ser declarado inocente, y no poder apelar para que se vuelva a revisar, es violento. Exponer un hecho ante un mínimo de 20 personas para que luego 12 decidan si te creen o no, es un horror para el que no te podés preparar como denunciante”.

Rojo consideró que “es muy difícil denunciar violencia de género, y la sexual es la que menos se denuncia, y cuando las denunciantes saben que pueden llegar a un juicio por jurado, terminan desistiendo y dejando al abusador suelto, al que la justicia termina beneficiando con sus herramientas. Entonces nos encontramos entre denunciar o no, exponer tu historia de violencia sexual para conseguir una condena o para que no te crean y pasar a la lista de "falsas denuncias", sin poder siquiera chistar porque no se puede apelar. Pero si lo condenan, ahí si tienen la posibilidad de apelar. Nuevamente, la victima queda totalmente desdibujada, es un objeto más de prueba”.

El compromiso ciudadano

El vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú, Mauricio Derudi, destacó el compromiso ciudadano, pero también reconoció que en los inicios trajo problemas, porque muchas de las personas que eran llamadas a concurrir como jurados no lo hacían. “Había mucha reticencia, que respondían a distintas razones, como el desconocimiento, el temor a ejercer el rol del jurado, las dificultades que se les presenta a muchas personas de dejar sus quehaceres habituales para dedicarse durante casi una semana a cumplir con la función”, pero esa situación se fue superando al existir un mayor conocimiento y al incrementarse notoriamente la remuneración.

Derudi ha actuado como juez técnico en 13 juicios por jurados y si bien en un principio era escéptico de la implementación del sistema, porque entendía que existían cuestiones jurídicas que no podían ser abordadas con solvencia por personas sin conocimiento jurídico, pero con el transcurso del tiempo y la puesta en práctica de los juicios esas dudas se fueron disipando puesto que “la ciudadanía ha demostrado su capacidad de valorar no solamente las cuestiones de hecho, sino también de discernir en relación al derecho”.

Para este magistrado, uno de los principales aspectos a favor es “la desconcentración del poder de decisión de un caso criminal, repartiéndose esa función entre los jurados y el juez técnico; de esa manera, y a diferencia de los juicios comunes, la decisión no se encuentra en manos de una sola persona o de un tribunal, sino de 13 personas que habrán de decidir si la persona acusada es culpable o no y, en su caso, por qué delito, y un juez, en función de lo resuelto por el jurado, habrá de resolver la pena que le corresponde”.

“En casos de muy difícil resolución, si la decisión la tomaran los jueces y/o juezas serían seguramente criticados, lo cual afecta la legitimidad y la confianza de la comunidad en la actuación de los magistrados. No ocurre lo mismo cuando la decisión la toma la ciudadanía a través de los jurados”, agregó.

Por último, opinó que no está de acuerdo con el proyecto de reforma, “más allá que entiendo las razones que lo inspiran, esencialmente de índole económica, puesto que, a mi juicio, implica un retroceso en relación al reconocimiento que se ha hecho”.

El abogado Martín Britos ha sido querellante en varios debates bajo esta modalidad en Gualeguaychú, y coincide en varios de los argumentos esgrimidos por Derudi. Para Britos, la implementación, “ha sido un éxito rotundo y, paradójicamente, parece ser esa la causa de su actual asedio”. Y explicó su parecer: “Quizás el éxito más importante que podemos destacar es la ruptura del prejuicio paternalista de que un ciudadano no está capacitado para juzgar, pero allí también anida uno de las críticas que se puede ejercer, desde la óptica del abogado litigante: no están a la altura de las circunstancias la inversión de recursos económicos para mejorar la intervención ciudadana en el rol de jurados”.

“Se nos presenta un proyecto de reforma que tiene un tufo a viraje regresivo que es indisimulable. So pretexto de que el sistema es lento, porque faltan cargos, faltan recursos, falta personal y falta infraestructura, le quitamos al ciudadano prerrogativas democráticas recientemente atribuidas”, consideró el abogado.

Claramente en contra de cualquier reforma procesal sobre este punto, Britos señaló que se trata de “una reacción institucional coordinada contra el empoderamiento ciudadano” y la “estrategia busca asfixiar al sistema limitando su campo de acción”. Por último, e igual de contundente, dijo: “La batalla por el jurado en Entre Ríos es un momento decisivo para la democracia argentina. Es una prueba de fuego para determinar si la promesa constitucional de una justicia con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo puede sobrevivir a la presión de aquellos que prefieren que siga siendo un club exclusivo e intocable”.

Rubén Chaia, vocal del Tribunal de Juicios de Concepción del Uruguay, se mostró satisfecho con los resultados que se han conseguido con este tipo de juicios. “Concretamente creo que la participación de la ciudadanía ayuda a comprender qué hacemos y cómo se trabaja, especialmente de qué manera se deciden los casos conflictivos, quizás más traumáticos que tiene la sociedad", consideró en diálogo con EL ARGENTINO.

"Vemos que al ser convocados para ser jurado no todo el mundo lo toma bien, muchos se quejan, pero luego, al terminar el juicio se los ve contentos por haber participado. Se lo toman seriamente, debaten, y creo que ven lo difícil que es decidir un caso que va a impactar en la vida de otras personas", manifestó el jurista larroquense.

"La justicia penal viene de un largo proceso de reformas que han buscado darle mayor transparencia a la toma de decisiones, la oralidad, la publicidad y ahora el juicio por jurados permite que la sociedad controle cada acto, cada decisión que se toma y eso es sumamente importante para la República. Claro que hay cuestiones para mejorar, pero si ponemos en la balanza, el saldo que deja la implementación del juicio por jurados es positivo", opinó.