Ordenan a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio

La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Se trata de un fallo que el país podrá apelar y está encuadrado en la demanda por la que el Estado ya fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones. La apelación deberá llegar rápido porque el fallo indica que las acciones se entreguen en un lapso de 15 días.

La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X.

El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo condenatorio contra el país, había pedido en abril de 2024 el control de las acciones que ahora le fue otorgado. También había solicitado embargos y otras medidas, todas apuntadas a lo que fuentes vinculadas con el caso definieron siempre como “presiones para negociar”.

Es que Burford compró los derechos a litigar de esta causa que ya lleva una década y por la cual el país tuvo varios reveses en las cortes de EEUU.

“La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión", destacó una fuente con conocimiento de la causa que pidió reserva de nombre.

“Es imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones. Si Milei quisiera hacerlo, sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer. Ellos quieren negociar. Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propitario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo. Deberán vivir con ese fantasma por mucho tiempo. Argentina va a apelar, sin dudas, algo que puede durar un año y medio, y podría haber negociaciones en el medio, algo que hasta ahora el país nunca quiso hacer. Ahora deberá hacerlas”, le dijo Maril a Infobae.