La legalización de la eutanasia en Uruguay reactivó el debate en Argentina, donde aún no es legal. A partir de casos emblemáticos como los de Camila Sánchez, Marcelo Diez, Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, se visibiliza la urgencia de ampliar derechos en torno al final de la vida.
Redacción EL ARGENTINO
La reciente legalización de la eutanasia en Uruguay reavivó el debate en Argentina, donde la asistencia médica para morir aún no es legal ni ha sido tratada en el Congreso. Desde 2012 existe la Ley de Muerte Digna, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen el sufrimiento en casos terminales, incurables o irreversibles.
Inspirada en el caso de Camila Sánchez, una niña que vivió tres años conectada a un respirador, la ley busca evitar el “encarnizamiento terapéutico”. Su madre, Selva Herbón, impulsó el derecho a retirar el soporte vital. Camila murió en junio de 2012, poco después de la sanción de la ley.
Otro caso emblemático fue el de Marcelo Diez, quien tras un accidente en 1994 quedó en estado vegetativo por más de dos décadas. Sus hermanas, Adriana y Andrea, lucharon para que se respetara su voluntad de no ser mantenido artificialmente con vida. En 2015, la Corte Suprema reconoció su derecho a una muerte digna, marcando un precedente judicial.
Más allá de la Ley de Muerte Digna, surgieron pedidos de eutanasia activa, como los de Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Alfonso, cordobés, rechazó el uso de respirador y dejó un testamento solicitando la legalización de la eutanasia. Murió en 2019, y su historia inspiró el proyecto de “Ley Alfonso”.
Adriana, abogada y docente, visibilizó su lucha desde Córdoba. En sus últimos años, dependía de siete cuidadoras y sufría una parálisis progresiva. Rechazó soportes vitales y pidió una sedación paliativa. Murió en 2023, acompañada por médicos y cuidadoras, tras insistir públicamente en la necesidad de una ley que habilite la eutanasia.
Actualmente, cinco proyectos de ley buscan legalizar la eutanasia en Argentina. El último fue presentado tras la aprobación en Uruguay. En Moreno, María del Carmen Ludueña, de 63 años, recorre el camino judicial para acceder a una muerte asistida. Postrada desde hace siete años por una enfermedad autoinmune irreversible, su caso fue elevado por la Suprema Corte bonaerense para ser revisado con perspectiva de derechos.
Las historias de Camila, Marcelo, Alfonso, Adriana y María del Carmen interpelan al sistema legal y sanitario. En ellas se condensan los dilemas éticos, médicos y sociales sobre el derecho a decidir cómo y cuándo morir. Mientras tanto, la Argentina sigue sin una ley que habilite la eutanasia activa, pero con una sociedad cada vez más movilizada por el tema.