Más de 52 mil trabajadores estatales quedaron fuera del sistema

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado difundió que en 19 meses fueron dados de baja 52.309 puestos estatales. Celebran el ahorro fiscal pero alertan por el impacto social.

El gobierno nacional encabezado por Javier Milei avanzó en un ajuste profundo sobre el empleo público: desde diciembre de 2023 a junio de 2025 se dieron de baja más de 52 mil cargos estatales, lo que representa una reducción del 10,4% de la planta total. Así lo informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, quien celebró el recorte como un “ahorro de más de 2.000 millones de dólares anuales”.

A través de un informe oficial y publicaciones en redes sociales, el funcionario destacó: “Sigue la motosierra. A junio nos permite ahorrar 2.100 millones de dólares en impuestos. Como mucho del gasto público es molestar al sector privado, menos gasto es más libertad”. El propio presidente Javier Milei replicó y avaló esas palabras, sumando su respaldo a la medida.

Los datos precisan que a fines de 2023 la administración pública contaba con 205.550 trabajadores y que en junio de 2025 esa cifra se redujo a 175.146. En las empresas del Estado la caída fue similar: se pasó de 91.166 a 74.933 empleados. En tanto, las fuerzas militares y de seguridad también fueron alcanzadas por la poda, con una reducción de 5.672 puestos.

El ajuste forma parte de la política de “shock fiscal” que el oficialismo impulsa como eje del modelo libertario. El Ministerio de Desregulación fue creado en julio de 2024 y ya cuenta con 441 empleados, según el mismo parte oficial.

Desde los gremios estatales volvieron a denunciar la “brutalidad” del ajuste y el “desmantelamiento” de áreas sensibles del Estado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostiene que detrás de los números “hay miles de familias expulsadas del sistema” y que se trata de “una ofensiva ideológica para debilitar la presencia estatal en áreas clave como salud, educación, ciencia y cultura”.

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En paralelo, organismos de derechos humanos y centros académicos expresaron su preocupación por el vaciamiento de dependencias ligadas al archivo, la memoria y la defensa de los derechos fundamentales, como también por el impacto en provincias que dependen de la articulación con programas nacionales que hoy están siendo desmantelados.

A pesar de las críticas, el oficialismo ratificó que continuará por este camino. Sturzenegger sostiene que los recortes “no son un fin en sí mismo”, sino una condición necesaria para “liberar al sector privado de cargas innecesarias” y fomentar un Estado “ágil, eficiente y sin estructuras parasitarias”.

El gobierno no precisó cuántos de esos 52.309 despidos fueron desvinculaciones definitivas y cuántos contratos simplemente no fueron renovados. Tampoco informó qué áreas fueron más afectadas, aunque distintas fuentes sindicales apuntan a los ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Trabajo y organismos descentralizados como el INCAA, el INTI, el SENASA y el CONICET.

El debate sobre el rol del Estado y la magnitud del ajuste continúa siendo uno de los temas más álgidos del escenario político argentino. Con estas cifras, el oficialismo apuesta a mostrar resultados concretos de su plan de recorte, aún frente al creciente descontento social.