Gobierno deroga 71 normas comerciales para desregular el mercado

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la derogación de 71 normas que regían el sector comercial, en un movimiento que busca —según se informó— “simplificar las relaciones de consumo” y eliminar trámites considerados innecesarios. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el plan de desregulación que la gestión impulsa desde su inicio y que ya acumula más de 170 disposiciones eliminadas.

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Economía, las regulaciones suprimidas imponían exigencias administrativas y controles que “carecían de finalidad específica o respondían a programas que ya no existen”. Entre ellas, 27 disposiciones complementarias de la derogada Ley de Abastecimiento; 24 vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ya disuelto; y 20 relacionadas con planes desarticulados como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas.

Según la cartera económica, muchas de esas resoluciones exigían información a empresas “sin ningún fin razonable”, fijaban precios máximos durante la pandemia de COVID-19 o establecían mecanismos de intervención en el mercado de combustibles. “Constituían trabas burocráticas que obstaculizaban la actividad privada y generaban distorsiones en la competencia”, argumentó el Gobierno.

Desde la Secretaría de Comercio destacaron que la resolución significa “un paso más hacia un ordenamiento jurídico que elimine obstáculos y aporte transparencia al comercio interno”. También remarcaron que las derogaciones buscan “fomentar la libre competencia y facilitar la operatoria cotidiana de productores, comerciantes y consumidores”.

La medida se suma a una batería de decisiones similares adoptadas en los últimos meses, como la eliminación de normativas vinculadas a controles de precios, programas de estímulo con baja ejecución y estructuras estatales que habían quedado inactivas. El Ejecutivo insiste en que la estrategia apunta a reducir costos regulatorios y a otorgar mayor previsibilidad a las relaciones comerciales.

Aunque desde sectores empresarios celebraron la desregulación, algunas entidades de consumidores advirtieron que la desaparición de herramientas de control podría dificultar la defensa de los usuarios frente a prácticas abusivas. El Gobierno, en cambio, asegura que la apertura y la competencia reemplazarán de manera más eficaz a los esquemas de intervención estatal.