ASDRA y Red T21 repudiaron las declaraciones de Bullrich sobre “certificados truchos” y “falsos discapacitados”

Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red T21 expresaron su profunda preocupación por las recientes declaraciones públicas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien afirmó que “la mitad de las personas con discapacidad en Argentina tiene certificados truchos”.

Bullrich realizó estos dichos en el programa Comunidad de Negocios, emitido por La Nación +. Durante su intervención, señaló que no conoce las estadísticas pero interpreta que, por cada persona con discapacidad “real”, hay otra que “curra con esto” y accede al certificado de discapacidad sin corresponderle. También afirmó que hay pueblos donde “el 70% de la población tiene certificado, como si hubiera habido una guerra”, sin respaldar estas declaraciones con datos.

Desde las organizaciones remarcaron que afirmaciones como “falsos discapacitados” contribuyen a instalar desconfianza hacia un colectivo históricamente vulnerado. Recordaron que en Argentina hay más de cinco millones de personas con discapacidad, pero solo alrededor de 1,3 millones cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

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Asimismo, destacaron que las pensiones por invalidez y los apoyos asociados al CUD representan un piso mínimo de protección en un contexto donde la mayoría de las personas con discapacidad aún no accede a un trabajo formal ni a una inclusión plena en todos los ámbitos de la vida. También aclararon que contar con certificado de discapacidad no es equivalente a percibir una pensión por discapacidad, a la cual solo una porción minúscula del colectivo accede.

“Tal como lo dice la legislación internacional y venimos solicitando hace años, hablamos de ‘personas con discapacidad’, ya que primero, se trata de personas”, subrayaron. En ese sentido, remarcaron que desde sus instituciones trabajan diariamente para que las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general accedan a la educación, la salud, el empleo y la vida independiente.

Finalmente, advirtieron que “los discursos que refuerzan prejuicios pueden provocar retrocesos sobre conquistas colectivas por las que venimos luchando desde hace más de 35 años” y realizaron un llamado a la “responsabilidad en el uso de la palabra pública, especialmente por parte de quienes tienen a su cargo decisiones que afectan la vida de millones de personas”.