Expulsión de un uruguayo desata polémica entre Argentina y Uruguay

El Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Patricia Bullrich, comunicó este lunes la expulsión de Juan Pedro Martínez Piedraita, un ciudadano uruguayo de 60 años con residencia en Argentina desde hace casi dos décadas. La noticia, difundida con la frase “Chau-rrúa” en redes sociales, generó fuerte impacto en Uruguay y abrió un nuevo frente diplomático.

Según informó la cartera nacional, el hombre fue entregado a la justicia uruguaya “para que rinda cuentas”, tras haber sido condenado en 2021 por violación de domicilio, amenazas y desobediencia. La condena, a un año y medio de prisión en suspenso, no implicaba cumplimiento efectivo, pero fue utilizada como argumento por la Dirección Nacional de Migraciones para ordenar su expulsión.

La medida se basó en un decreto firmado por Javier Milei en mayo pasado que modifica el régimen migratorio anterior y permite la expulsión de extranjeros condenados por delitos con penas de tres años o más. No obstante, el caso de Martínez Piedraita no encajaría plenamente en esa normativa, según advierten sus abogados, quienes denunciaron que la resolución omitió deliberadamente ese requisito legal.

CHAU-RRÚA: EXTRADITAMOS A UN URUGUAYO CON MÚLTIPLES CAUSAS PENALES

 

Tenía causas por violación de domicilio, amenazas y desobediencia reiterada. Lo expulsamos del país y lo entregamos a la justicia uruguaya para que rinda cuentas.

 

A través del DFI de la PFA, lo trasladamos a… pic.twitter.com/0Qf3qjQ9Sf

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 28, 2025

El operativo de traslado se concretó luego de que el hombre acudiera el viernes pasado a una oficina de Migraciones en Buenos Aires a renovar su documentación. Allí fue detenido y posteriormente enviado a Montevideo, donde quedó bajo custodia de la policía local.

El mensaje oficial, replicado por el propio presidente Milei, fue recibido con sorpresa en Uruguay. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino aseguraron que no fueron notificados oficialmente del procedimiento y que el caso ya es seguido por diversas instituciones del Estado. También informaron que el consulado uruguayo en Buenos Aires se encuentra interviniendo y recabando información sobre la actuación de las autoridades argentinas.

Martínez Piedraita, que tiene tres hijos argentinos y una vida familiar consolidada en el país, había solicitado renovar su residencia de manera regular. Para sus abogados, el procedimiento fue “arbitrario, desproporcionado e inconstitucional”, al vulnerar derechos adquiridos y tratados internacionales en materia de derechos humanos y migración.

La defensa también cuestionó el uso de redes sociales para comunicar una medida tan delicada, y calificó de “burla” el lenguaje utilizado por el Ministerio. “Se trató de una operación mediática más que de un acto jurídico serio”, señalaron.

La polémica se suma a las múltiples críticas que viene recibiendo el gobierno nacional por la aplicación selectiva y acelerada del nuevo decreto migratorio, que para organismos de derechos humanos constituye una regresión en materia de garantías legales para las personas extranjeras.

Desde Montevideo, el caso es seguido con cautela, aunque se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento más formal por parte de la Cancillería. Mientras tanto, el nombre de Martínez Piedraita se convierte en símbolo de una política migratoria bajo tensión.