El Gobierno disolvió la Comisión Nacional de Alimentos

El Gobierno nacional oficializó este martes la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), organismo creado en 1999 con el objetivo de coordinar y actualizar el Código Alimentario Argentino (CAA). La decisión fue comunicada a través del Decreto 538/2025, publicado en el Boletín Oficial, como parte del proceso de “simplificación de estructuras estatales” impulsado por el Ejecutivo.

Según el texto oficial, la eliminación de la CONAL “no implica un menoscabo en la protección de la salud de la población ni en la calidad y sanidad de los alimentos”, y apunta a “optimizar los procesos de toma de decisión, concentrando las responsabilidades en los entes que detentan el poder de fiscalización y control”.

La norma establece que las funciones de coordinación, elaboración y actualización del Código Alimentario pasarán a estar en manos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía, con intervención directa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

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El Gobierno argumenta que los organismos mencionados “poseen las competencias técnicas, los recursos y la capacidad de gestión necesarias” para asumir integralmente el rol que desempeñaba la CONAL. De ese modo, se espera “evitar superposiciones de funciones y acelerar los tiempos de respuesta en la producción y comercialización de alimentos”.

La CONAL estaba integrada por representantes de distintos organismos nacionales y provinciales, y se reunía periódicamente para revisar y actualizar el Código Alimentario, instrumento clave en el control de calidad e inocuidad de los productos que se consumen en el país.

Desde sectores vinculados a la salud pública y el control alimentario se mantienen en alerta por la disolución del organismo, aunque por el momento no se han emitido comunicados oficiales. La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas estructurales orientadas a la desregulación y la concentración de funciones en menos organismos, en línea con la política de “motosierra” impulsada por el presidente Javier Milei.

El decreto establece también una revisión integral de las normativas vinculadas al CAA y deja abierta la posibilidad de futuras modificaciones en la estructura regulatoria del sistema alimentario nacional.