El Gobierno apela la cautelar y busca frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario volvió a escalar tras la decisión del Gobierno nacional de apelar la medida cautelar que lo obliga a implementar la norma. La presentación se realizó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, con el pedido de que el recurso sea concedido con efecto suspensivo.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas. El magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la Ley 27.795— presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora en su aplicación, con impacto directo en el funcionamiento de las instituciones.

El Ejecutivo, sin embargo, calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial, y advirtió sobre los posibles efectos de la medida en el equilibrio fiscal.

Negociaciones en marcha

En paralelo al frente judicial, el Ejecutivo inició conversaciones con el CIN para impulsar una reforma consensuada del esquema de financiamiento universitario. La estrategia oficial apunta a elaborar una nueva ley que no derogue el sistema actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una norma capaz de reemplazar la anterior.

El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunieron con el presidente del CIN, Carlos Greco, y su vicepresidente, Franco Bartolacci, para comenzar a tejer respaldos institucionales.

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Un conflicto con raíces sociales

La tensión por el financiamiento universitario no es nueva. Entre 2024 y 2025, masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales coparon las principales ciudades del país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias. La segunda Marcha Federal Universitaria en octubre de 2024 y la protesta del 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha” reunieron a cientos de miles de personas en rechazo al veto presidencial de la ley, que ya había sido aprobada por el Parlamento.

La resolución de la Cámara será clave para definir el rumbo inmediato. Si confirma la cautelar, el Estado deberá aplicar la ley y actualizar partidas y salarios, lo que podría tensionar aún más las cuentas públicas. Si la revoca, las universidades enfrentarán un escenario de incertidumbre y deberán esperar la sanción de una nueva norma.

En este contexto, el Ejecutivo busca acelerar el trámite parlamentario de una reforma que otorgue previsibilidad fiscal y garantías jurídicas, cerrando los frentes legales en una única instancia legislativa. La Secretaría de Educación subraya que el compromiso es alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades.

El desenlace de este conflicto marcará no solo el futuro del sistema universitario público, sino también la relación entre los poderes del Estado en torno a la definición de políticas educativas y presupuestarias. (Con información de APFDigital / InfoBae)