Diputados denunciaron penalmente a Caputo por manipulación del INDEC

Los diputados nacionales Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca presentaron una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presuntas acciones irregulares que habrían distorsionado el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La presentación se fundamenta en la decisión de no aplicar el nuevo índice de precios al consumidor (IPC), previsto para entrar en vigencia en enero de este año.

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Los fundamentos de la denuncia

La demanda se sostiene en diversas figuras legales: violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), violación de secretos y deberes de confidencialidad (art. 157), falsificación de documentos públicos (art. 293) y violación del secreto estadístico según la ley 17.622.

Julia Strada explicó que Caputo ordenó mantener el cálculo del IPC con componentes desactualizados, pese a que en octubre de 2025 el INDEC había resuelto aplicar una nueva metodología desde enero de 2026. Según la legisladora, la decisión del ministro busca postergar la implementación del nuevo índice hasta que culmine la recomposición tarifaria, lo que constituye un “abuso de autoridad”.

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Consecuencias sociales y económicas

La diputada advirtió que la manipulación del IPC tiene consecuencias graves: afecta la fórmula de cálculo previsional para jubilaciones, pensiones y asignaciones, además de impactar en la negociación colectiva de los acuerdos paritarios públicos y privados.

Strada señaló que el propio Caputo reconoció en redes sociales la diferencia de resultados según la metodología aplicada y adelantó públicamente el cálculo del IPC de enero antes de su difusión oficial, lo que implicaría una violación del secreto estadístico.

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La centralidad del IPC

El IPC es uno de los indicadores más relevantes del sistema estadístico nacional, ya que incide directamente en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras y la credibilidad macroeconómica del Estado. Por ello, el ordenamiento jurídico argentino establece normas para garantizar la independencia técnica del INDEC y prohibir interferencias políticas en la producción y difusión de datos oficiales.

“Tenemos la responsabilidad de velar por ese cumplimiento”, concluyó Strada, subrayando que la denuncia busca preservar la transparencia y la confianza en las estadísticas públicas.