
Un grupo de prestadores y afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad se manifestó en la oficina de Rucci 37 para demandar respuestas ante el corte de servicios, la falta de pago y prestaciones en discapacidad, entre otras deficiencias.

Redacción EL ARGENTINO
Pasadas las 11 de este martes, un grupo de afiliados y prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) se manifestó en la delegación Gualeguaychú de la obra social. ¿Los motivos? Los expusieron mediante dos notas que fueron formalmente entregadas.
“Los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes a efectos de solicitar la evaluación de dos petitorios. Uno para la nueva directora de Iosfa, Bettina Zurballe, y el segundo para Luis Petri, ministro de Defensa de nuestro país, debido a la angustiante realidad que vivimos los afiliados por falta de pago de los servicios y prestaciones por discapacidad. Así como la no cobertura de atención médica y medicamentos por el corte en farmacias, y también la falta de cobertura de estudios complementarios, la falta de pago de reintegros, entre otras cuestiones”, expone uno de los documentos presentados.
Por otro lado, las notas dirigidas a los funcionarios (Zurballe y Petri) sostienen la necesidad de “hacer llegar nuestro malestar por el incumplimiento de pagos a los prestadores, ya que desde febrero no se realizan reintegros”.
“Muchos prestadores e institutos están al borde de cerrar sus puertas por no poder continuar esperando a las familias, (a las cuales) les es imposible afrontar el costo de terapias y apoyos educativos terapéuticos. Es fundamental que no dejen en situación de abandono a los afiliados de Iosfa, que están transitando por una cuestión de salud que implica riesgo de vida y calidad de vida, que implica, sobre todo, prestación de apoyos a las personas con discapacidad, ya que la salud es un derecho”, remarca el
documento.
Una obra social en crisis
Como muchas de las obras sociales del país, la de las Fuerzas Armadas y de Seguridad atraviesa un momento muy complejo. Luego de apenas siete meses de gestión, días atrás renunció su anterior presidente, el contador mendocino Roberto Fiochi.
La salida se produjo apenas una semana después de que el ministro de Defensa, Luis Petri, lo confirmara en su puesto durante una exposición en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, una reunión a la que Fiochi no asistió.
Aunque Fiochi expuso “razones personales”, los fuertes reclamos de afiliados en todo el país y los planteos llevados a la Justicia por oficiales y suboficiales precipitaron su decisión. Fue tras la renuncia de Fiochi que el ministro Petri designó como nueva titular de la obra social a la contadora pública Bettina Surballe.
La palabra de los afiliados
“La cuestión burocrática es uno de los problemas más recurrentes, te piden mil cosas y se toman muchísimo tiempo para autorizarte una terapia o aprobarte un reintegro. Además, todo lo tenés que pedir por nota, y ellos nunca responden esas notas dentro de los términos o los tiempos legales”, expuso una de las mujeres que se manifestaron en Rucci 37.
“Siempre hubo inconvenientes con la obra social, pero no tan graves como ahora. Si te vas a atender siempre algo tenés que pagar a de más de la orden. Quienes tenemos Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenemos que pagar las terapias y esperar el supuesto reintegro que tardan meses en pagarte”, expuso, otra de las afiliadas.
Por otro lado, “los valores de las sesiones van de 15.000 a 36.000 pesos”. Y “nuestros hijos necesitan, como mínimo, dos terapias por semana, lo que se nos vuelve imposible de pagar. Lo mismo con el acompañamiento en el aula, la maestra de apoyo cobra 30.7000 pesos. La mayoría de las familias no lo pueden pagar si la obra social no responde”, apuntó otra de las madres presentes en la delegación local del Iosfa.
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