Prestadores de discapacidad, destacan el aumento, pero advierten que el 30% “llega tarde y no alcanza”

Ante los anuncios del Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre un nuevo incremento en los valores del nomenclador, distintos referentes del sector expresaron sus reparos y advirtieron que el aumento “llega tarde y no alcanza” frente al atraso acumulado y la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El último miércoles, la ANDIS comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con expectativa, aunque también con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los prestadores del sector no habían percibido incrementos, lo que generó un fuerte desfasaje en relación con la inflación y los costos operativos. Muchas instituciones se vieron obligadas a reducir días de atención o suspender actividades, ante la imposibilidad de sostener sus estructuras con los valores vigentes.

“Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de ASDRA, en diálogo con EL ARGENTINO. “Es una especie de tomada de pelo: te lo pagan en tres cuotas, recién el año que viene se pagarán, no sabemos qué inflación tendremos más adelante, y mientras tanto seguimos trabajando con recursos que no alcanzan”, añadió.

El referente explicó que las prestaciones están desactualizadas desde la gestión anterior y que el propio Estado “impone exigencias que luego no financia”. “Las instituciones que prestan servicios para personas con discapacidad, para que trabajen como tales, les piden que tengan edificios accesibles, un equipo interdisciplinario completo y toda la documentación en regla, pero el nomenclador cubre apenas un 30% de los costos. El resto lo tiene que poner la institución, y así es imposible sostenerse”, sostuvo.

Según Recchia, muchas entidades del país “ya están cerrando o reduciendo la cantidad de días de atención. Estamos hablando de instituciones que trabajan por vocación, no de un negocio. Muchos de nosotros ponemos plata de nuestro bolsillo para que los chicos no se queden sin atención”, remarcó.

El referente cuestionó además el enfoque del Gobierno Nacional hacia el sector: “Esta gestión está sacando derechos, no privilegios. La política del déficit cero se está aplicando a costa de los más vulnerables. Esto es un derecho constitucional, y lo están violando a la vista de todos”.

En cuanto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada y publicada en el Boletín Oficial, Recchia aseguró que “no solo no se implementó” y que “el sector sigue sin respuestas concretas”. “Seguimos mendigando aumentos que el propio Gobierno presenta como un logro. La ley está, pero falta decisión política para ponerla en práctica”, dijo.

Desde Fundación Incluir impulsan un trabajo conjunto con otras organizaciones y foros del país. “Tenemos que discutir con la Convención y la ley en la mano. No se trata de politiquería ni de enfrentamientos locales: estamos reclamando una política pública nacional que garantice los derechos de las personas con discapacidad”, explicó.

La opinión de otras instituciones

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, apoderado legal de la Escuela Santa Rita, coincidió en que el aumento “medio tímido”, aunque valoró que representa “un movimiento después de meses de parálisis”. “Celebramos cualquier aumento, porque esto viene estancado desde hace mucho, diría desde hace muchísimos meses. Los servicios se siguieron prestando sin aumentos durante meses, lo cual perjudica no solo a los prestadores sino también a las personas con discapacidad”, señaló.

En cuanto a la continuidad de los servicios, el representante explicó los siguiente: “Los servicios se han seguido prestando prácticamente sin un aumento desde hace muchos meses, lo cual por supuesto perjudica no solo a los prestadores sino que este eh a la discapacidad en sí misma, digamos, porque todo lo que depende del estado, de Andís, y lo que depende también de Incluir Salud, se encuentra muy paralizado. Celebramos nosotros todo todo movimiento que haya, aunque sea a los efectos del atraso que hay, que es un tanto medio tímido el aumento, porque en realidad correspondería que eso se actualizara mucho más”, concluyó.