¿Nueva disputa binacional? Desde Paysandú rechazan el hidrógeno verde y denuncian “falsas aprobaciones”

El proyecto de instalación de una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú, a escasos tres kilómetros de Colón, sigue generando controversias a ambos lados del río Uruguay. La iniciativa, impulsada por la empresa HIF Global, es cuestionada por organizaciones socioambientales que advierten sobre el impacto ecológico, la falta de transparencia y la ausencia de aprobación ambiental definitiva.

La polémica se reavivó en los últimos días, cuando la firma anunció públicamente un “acuerdo estratégico para el monitoreo ambiental” junto al Laboratorio de Ecología Fluvial del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar) y la consultora GEA. El anuncio fue interpretado por la Red Nacional No al Hidrógeno Verde de Uruguay como una maniobra de validación anticipada del proyecto, aún sin contar con la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL) que debe otorgar el Ministerio de Ambiente.

Desde la red expresaron su “repudio” ante lo que califican como “un intento de legitimar el proyecto frente a la población mediante supuestos avales académicos o técnicos”, que, según denuncian, no cuentan con certificación oficial ni autorización institucional. La crítica apunta también a la falta de comunicación formal por parte de la Universidad de la República, cuyo supuesto acuerdo no figura en los registros públicos.

En diálogo con EL ARGENTINO, Alejandra Puglia, integrante de la Red Nacional No al Hidrógeno Verde y residente de Paysandú, explicó: “Solicitamos reuniones con la universidad para ver esto, porque son anuncios de supuestos acuerdos académicos. Esta información tiene que ser pública y verificable”.

La activista agregó que “la empresa no tiene aún la viabilidad ambiental de localización, pero anunció la concreción de ese acuerdo estratégico, cuando esto no es así”. Y remarcó: “Denunciamos una tentativa de validar frente a la población, de interferir en la autonomía política, utilizando supuestos avales académicos. Eso es grave”.

Una red que se expande frente a los megaproyectos

La Red Nacional No al Hidrógeno Verde de Uruguay se conformó en febrero de este año y agrupa organizaciones sociales de distintas regiones del país. Su objetivo es articular resistencias y compartir información en los territorios donde se proyectan plantas vinculadas a la producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos, una de las apuestas centrales del gobierno uruguayo en su hoja de ruta energética.

Actualmente, existen cinco proyectos de este tipo en estudio, entre ellos los de Tambores y Paysandú, que pretenden producir combustibles sintéticos mediante la electrólisis del agua para obtener hidrógeno “verde”, combinándolo con dióxido de carbono para generar metanol y gasolina sintética. Según Puglia, los productos están destinados principalmente a la exportación y no al consumo interno.

“La diferencia entre el proyecto de Paysandú y Tambores es la fuente de agua: Paysandú tomará agua del río Uruguay, mientras que Tambores lo hará del acuífero Guaraní. En ambos casos, hablamos de proyectos de altísimo impacto ambiental y con escasa regulación”, advirtió.

Una nueva controversia binacional

El debate ambiental que despierta este proyecto evoca, inevitablemente, el recuerdo del conflicto de las pasteras, que hace casi dos décadas enfrentó a Uruguay y Argentina por la instalación de plantas sobre el río Uruguay. En este caso, el punto de conflicto se repite: la cercanía del emprendimiento con la frontera argentina y el uso de un bien común compartido.

“En el caso de Paysandú tenemos una problemática transfronteriza. Se pretende instalar la planta a solo tres kilómetros de Colón, mientras que la ciudad de Paysandú está a siete. El río Uruguay vuelve a estar en el centro de una disputa ambiental que no reconoce fronteras”, señaló Puglia.

En este punto coinciden con la Multisectorial de Colón, que junto a organizaciones ambientales entrerrianas también expresaron su preocupación por los posibles efectos sobre el ecosistema fluvial y los antecedentes de contaminación industrial en la región.

Un proceso con poca información y falta de antecedentes

Según la Red, HIF Global presentó ante el Ministerio de Ambiente uruguayo un informe técnico de más de 370 páginas para solicitar la Viabilidad Ambiental de Localización. El documento fue puesto a disposición del público por apenas diez días, plazo luego extendido hasta el 14 de octubre tras el reclamo ciudadano. Sin embargo, los activistas sostienen que el tiempo fue insuficiente para analizar la complejidad técnica del proyecto.

La organización denunció que la empresa “ya habla de una etapa de evaluación de impacto ambiental, dando por sentado que tiene la viabilidad de localización, lo cual no es así”. La estrategia busca influir en la percepción pública y oficial al proponer la existencia de avales técnicos y acuerdos, intentando avanzar o asegurar la legitimidad del proyecto”.


También cuestionan la falta de acceso a la información pública, el secretismo gubernamental y la difusión de noticias falsas por parte de algunos medios que reproducen comunicados empresariales sin contrastarlos.

“En Uruguay existe una ley de acceso a la información ambiental, pero desde ya vemos que ese marco legal se está incumpliendo”, afirmó Puglia.

La activista recordó que la empresa se presenta como líder mundial en combustibles sintéticos, “aunque solo cuenta con una planta piloto en Chile que capta dióxido de carbono de la atmósfera, muy distinta al modelo industrial que se pretende instalar en Paysandú”.

Entre la promesa de empleo y el rechazo social

La iniciativa divide a la sociedad de Paysandú. Por un lado, sectores políticos y empresariales locales defienden el proyecto por su potencial para generar empleo y atraer inversiones. Por otro lado, Paysandú presenta actualmente el índice de desempleo más alto de Uruguay, situación que, para quienes apoyan el proyecto, este dato ha sido utilizado como argumento central para promover la instalación de la planta.

“La sociedad está un tanto dividida: algunos apoyan el proyecto por la promesa de empleo e ingresos, mientras que otros lo rechazan. Pero el trabajo que se genera es temporal, principalmente en la etapa de construcción. Es un poco lo que pasó con las pasteras hace más de 20 años atrás”, explicó Puglia.

La Red advierte que los supuestos beneficios económicos se contraponen a los riesgos de pérdida de empleos locales, los pasivos ambientales y el cambio de uso del suelo, de productivo a industrial, que implican estos megaproyectos.

Movilización ciudadana y consultas populares

Frente a este escenario, en Paysandú se impulsan dos consultas ciudadanas amparadas en la Constitución uruguaya. Una propone declarar el área como reserva natural departamental, impidiendo cualquier tipo de emprendimiento industrial, mientras que la otra busca prohibir expresamente la instalación de proyectos vinculados al hidrógeno verde.

Ambas iniciativas ya superaron las 10.000 firmas cada una, aunque las autoridades locales y el Ministerio de Ambiente todavía no las han reconocido formalmente. La Red denuncia que las instituciones “ignoran deliberadamente” este rechazo y que el intendente “no ha permitido la participación de la sociedad civil en las sesiones de la junta departamental, a diferencia de la empresa”.

“El gobierno está lesionando las formas de participación y desconoce cómo las comunidades habitan los territorios.

Por el lado de la comunicación del Hidrogeno Verde que se pretende instalar, Alejandra expuso que hay un sector de la prensa que también apoya la línea del Gobierno local, y desde otro sector hay una cobertura explicita sobre el tema. “Todo es un tanto reciente, pero no nos podemos quedar con lo que se conoce, que no es muy claro. Entonces, vemos que esto también esta atravesado por los intereses, hay medios que apoyan el proyecto, y otro sector que se opone y se va interiorizando aún más”.

Un modelo energético en discusión

Mientras tanto, el gobierno uruguayo lleva adelante una evaluación ambiental estratégica de toda la cadena de valor del hidrógeno verde, aunque las organizaciones critican que esta herramienta “llega tarde”, cuando varios proyectos ya avanzaron sin un marco regulatorio específico.

En cuanto a la postura del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, indican que es uno de los “impulsores del proyecto”. “Desde que esto comenzó a publicarse y a comentar en varios lados, la postura del intendente es clave en esto, él es un impulsor clave del proyecto”.

La Red insiste en que el país carece de una normativa integral para este tipo de emprendimientos y que el apuro por captar inversiones extranjeras lleva a conceder exoneraciones fiscales y licencias sin el debido debate público.

“No hay experiencias previas en el país ni controles suficientes. El modelo energético que se está impulsando prioriza la exportación y el negocio privado, no el bienestar social ni la soberanía sobre los recursos”, concluyó Puglia.

La preocupación de ambos lados

La preocupación de los ciudadanos de Paysandú se suma a la de La Multisectorial Somos Ambiente del Río Uruguay Colón. Desde principios del 2025 vienen dando información de lo que puede llegar a pasar. Se prevé la producción de más de 500.000 toneladas de metanol por año. A pesar de un anuncio de “relocalización” del proyecto, los ambientalistas y vecinos de Colón, Argentina, advirtieron que no hubo modificaciones y que la preocupación por los impactos ambientales persiste.

Desde entonces, vienen advirtiendo a la comunidad que la construcción, estimada en tres años, implicará el transporte de materiales por barcazas en el río Uruguay y la construcción de amarras especiales frente a las playas colonenses.

Los ambientalistas también han criticado la falta de reacción de los representantes políticos. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, declaró en junio en el diario El Observador que la planta “no contamina las aguas, sino que es visual”, minimizando el impacto ambiental y comparándolo con el conflicto de las papeleras.

Sumado a esto, los integrantes advierten que la declaración del presidente Yamandú Orsi no han sido lo suficiente sólida, ya que el mandatario se refirió al proyecto y dijo que “No cometamos los mismos errores que cometimos antes”. “Se están repitiendo el mismo camino que se hizo con las pasteras”, apuntó Puglia.

El máximo mandatario del país vecino dijo además que “hay que buscarle la vuelta”. En relación a la cercanía de la planta a las playas de la ciudad, hizo regencias al reclamo ante la cercanía: “¿Cómo no lo vamos a escuchar?”.

Sin embargo, la comunidad de Colón y Paysandú se sienten desinformada y excluida del debate, con datos confidenciales y sin consulta a las comunidades afectadas.

La Multisectorial ha señalado que la planta producirá 560.000 toneladas de metanol al año, una escala mucho mayor que las 4.000 toneladas producidas por la empresa en Punta Arenas, Chile, donde la planta está a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, no a tres.

Otro punto de alarma es el uso intensivo de recursos naturales, ya que la planta requerirá entre 50 y 60 litros de agua por segundo del río Uruguay para la electrólisis, además del uso de biomasa forestal y la emisión de residuos industriales.

Los ambientalistas argumentan que la legislación ambiental binacional no se está respetando y que estas decisiones se toman sin consulta a las comunidades afectadas en pleno 2025.