Emergencia en primera persona: prestadoras en Discapacidad expusieron la gravedad de la situación

El último miércoles, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó que las prestaciones para personas con discapacidad tendrán un aumento de entre el 29% y el 35%, a aplicarse en tres tramos sucesivos entre octubre y diciembre. El anuncio fue recibido con escepticismo por parte de instituciones educativas, transportistas y profesionales que integran el sistema, que desde hace meses reclaman actualizaciones y pagos en tiempo y forma.

Es que, en lo que va de gestión de La Libertad Avanza (LLA) los prestadores del sector no habían percibido incremento alguno, generando un gran desfasaje en relación a la inflación y los costos operativos fijos. “Estos aumentos vienen atrasados en un 70%. Lo presentan como una solución definitiva, pero todos sabemos que no lo es”, afirmó, días pasados, a este medio Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentino (Asdra).

La falta de pago, las demoras en los mismos, las trabas burocráticas hacen aún más complejas realidades que de por sí son muy difíciles de sobrellevar. Las familias y las profesionales del sector lo volvieron a expresar días atrás, cuando, en la puerta de la Municipalidad de Gualeguaychú, volvieron a reclamar la implementación de la Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso de la Nación tras el veto presidencial.

EL ARGENTINO dialogó con prestadoras del sector, quienes volvieron a poner sobre la mesa la cansadora, agobiante e insostenible realidad que deben soportar.

Pagos a 60, 90 y 180 días

Hace 24 años que Silvina Levin ejerce como Terapista Ocupacional (TO), desde donde trabaja para que las personas sean lo más independientes posibles en la vida cotidiana y para mejorar su desempeño ocupacional.

En diálogo con EL ARGENTINO, la profesional, que siempre se desempeñó en el sector de discapacidad, destacó el trabajo del equipo interdisciplinario de Aprendiendo a Aprender, institución de la que es parte. Al tiempo que marcó las dificultades a las que deben hacer frente: “Nunca dejamos de atender, a pesar de los atrasos en los pagos, que son de 60, 90 y hasta 180 días. Esto se hace insostenible, ya que nosotros debemos cumplir con los gastos fijos mes a mes, sin demora. Debemos pagar alquiler, monotributo, profesiones liberales, seguro de mala praxis, honorarios de contador, matrícula de los diferentes colegios, etcétera”.

“Nuestro trabajo no se limita solo a la atención del niño, realizamos reuniones de equipo con los padres, en las escuelas, realizamos informes, planificamos sesiones y, aunque lo hacemos con mucho amor y vocación, todo esto queda por fuera del pago”, marcó. Y aseguró: “nos duele tener que tomar la decisión de no trabajar con obras sociales, ya que muchas familias se quedan sin los tratamientos necesarios para sus hijos”.

Por su parte, Paz Bourlot es musicoterapeuta hace 17 años, trabaja con personas con discapacidad y sin discapacidad, y hace seis fundó el Centro Educativo Terapéutico Alíum en la ciudad, dedicado a atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

“Siempre ha sido muy problemático esto de que nunca sabes cuándo te van a pagar, no tenés una fecha fija respecto a a cuándo te abonan las sesiones ya facturadas. Las obras sociales que más temprano pagan están con una demora de 90 días, el resto mucho más. Algunas, inclusive, no pagan nunca”, aseguró la profesional.

“En lo que respecta a mi institución, donde trabajan muchos profesionales, esto es una gran dificultad, porque nunca sabemos con qué dinero contamos cada mes”, puntualizó. Y, sobre la aprobación de tratamientos, explicó que “siempre depende de cada obra social; ha sido una problemática histórica con todos los gobiernos, en ningún momento se han regularizado los pagos de obras sociales”.

“Creo que, no solo en discapacidad, en el sector salud en general, la relación con las obras sociales tendría que ser mucho más clara, todo más rápido, más fácil. Existen muchas trabas burocráticas que generan demoras y desgaste, tanto de las familias como de las profesionales”, cuestionó.

El drama de las Acompañantes Terapéuticas

Romina Buschiazo es Acompañante Terapéutica (AT) hace más de 20 años, su relato es casi calcado a los demás, con el agravante de que su profesión no está contemplada en el Nomenclador Nacional de Discapacidad. Este es un gran problema, ya que el nomenclador es un listado oficial de prestaciones, tratamientos y terapias que deben ser garantizadas a las personas con discapacidad y cubiertas por los agentes de salud, como obras sociales y prepagas.

“Entonces, cada obra social decide cuánto paga por hora, sin una regulación unificada ni actualización acorde a la inflación. Al no estar nomenclada, nuestra prestación es por reintegro, lo que habilita a demoras y falta de reconocimiento administrativo. Estas demoras hacen, muchas veces, que se pierda la continuidad en los tratamientos”, remarcó.

“En algunos casos directamente no reconocen la figura del acompañante terapéutico, pidiendo que una facture como Cuidador Domiciliario u otra profesión, desvalorizando totalmente nuestro rol”, cuestionó Buschiazo. Y, en esta línea, recordó que “si bien existen leyes provinciales y registros, no hay una ley nacional que regule la profesión y establezca un marco ético uniforme”.

Las AT son quienes más tiempo pasan con los pacientes, son el nexo directo con los psicólogos, los psiquiatras, otros profesionales, las familias y las instituciones. Pero también son, dentro del propio sistema de discapacidad, uno de los sub sectores más precarizados.

“La falta de reconocimiento económico y profesional incrementa el agotamiento y el abandono de la profesión. En la misma Ley de Emergencia nos incluyen en el reclamo, pero no se pide que nos incluyan en el nomenclador”, expuso Buschiazo.

“Conozco muchas acompañantes que terminan trabajando en otros rubros porque no se pueden sostener económicamente. Para que se entienda: en noviembre presentamos los presupuestos de tratamiento a las obras sociales y los mismos tienen apenas un 5% de aumento respecto al año pasado. Es ilógico e insostenible”, concluyó la profesional.

Las limitaciones de la Municipalidad

Por otra parte, EL ARGENTINO consultó a Marcelo Pighetti, a cargo del área de Accesibilidad e Inclusión de la Municipalidad de Gualeguaychú, para conocer el rol del Estado local ante el desconocimiento del Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso de la Nación.

“Son decisiones del Gobierno Nacional, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia”, explicó el funcionario. “Lo que sí puedo comentar es que seguimos trabajando con el objetivo de construir entornos más accesibles e inclusivos para todos. En este sentido, en el mes de octubre se realizaron un montón de actividades y la semana pasada tuvimos una jornada muy interesante destinada a todos los funcionarios y concejales de la Municipalidad”, relató. Al tiempo que remarcó la necesidad de “promover políticas públicas con un enfoque de inclusión, atendiendo y entendiendo todo lo que es la diversidad”.

La actividad a la que hizo referencia Pighetti fue llevada a cabo en el Centro de Convenciones, en forma conjunta entre el Gobierno de Gualeguaychú y el espacio recreativo y terapéutico CREAN, titulada “Más allá de lo que vemos”.

“Todos los funcionarios y concejales del Municipio tienen que trabajar en cuestiones de política pública, pero siempre entendiendo lo que es la diversidad y la inclusión. Este tipo de jornadas sirven para promover derechos para personas con discapacidad, para que, por ejemplo, cuando se haga una ordenanza los concejales las tengan en cuenta”, dijo Pighetti.

La palabra del titular de Accesibilidad e Inclusión deja claro las limitaciones del gobierno local y las nulas herramientas ante las decisiones de Nación. Así, cientos de familias y profesionales quedan a la deriva y, lo más grave, en muchos casos, las y los pacientes deben interrumpir o directamente no pueden acceder a los tratamientos que necesitan para mejorar su calidad de vida. La gravedad de la situación no es nueva, ni mucho menos. Pero sí es cierto que, en los últimos dos años, con el congelamiento del valor de las prácticas y la falta de respuestas, tanto de las obras sociales como de la Andis, la realidad se ha tornado desesperante. La discapacidad no puede seguir esperando más, no es un slogan, miles de vidas están en juego.