El descubrimiento de la ley

Sin embargo, hay diferencias de calado entre vivir en democracia o en dictadura. Bien lo saben los familiares y amigos de los miles de personas que el régimen iraní asesinó por salir a la calle a reclamar por sus libertades en enero y febrero de 2026 (5800 según la ONG HRANA). También en Argentina, a fines de la década del setenta, una protesta organizada podía acabar con la desaparición o la muerte de quienes la promovieran. Las normas no resuelven las disputas, les dan un marco para procesarlas sosteniendo la convivencia pacífica. Para abordarlo, hoy proponemos la lectura de El descubrimiento de la ley. Cómo el derecho se convirtió en una herramienta para hacer política (Siglo XXI, 2025), de Catalina Smulovitz.

Smulovitz cuenta que su interés por el tema se remonta a “sus años impresionables”, entre 1973 y 1983, transcurridos entre su adolescencia y la entrada a la vida adulta, en los que los acontecimientos de la época dejan una impronta especial en las creencias y comportamientos de las personas: “Cuando los males de la violencia y del ejercicio del poder sin límites empezaron a evidenciar los peligros de vivir en una sociedad anómica, mi interés en las promesas de la justicia y el imperio de la ley adquirió una mirada intensa y persistente”, dice.

El libro desgrana el modo en que la ley opera en un marco democrático (capítulos 1 y 2), con un lenguaje ameno y preguntas que van encontrando respuestas fundamentadas, combinando la revisión histórica y política con datos que permiten poner el caso argentino en una perspectiva global y regional. No se ofrecen argumentos abstractos o esencialistas sino realistas (el calificativo es mío): “el triunfo de la ley no es producto de una voluntad normativa sino del cálculo estratégico” (p.19). Según Smulovitz, los actores políticos que aceptan renunciar a beneficios a corto plazo lo hacen esperando beneficios en el largo plazo.

Dicho muy sencillo: las instituciones surgen cuando actores políticos enfrentados no pueden ganar, pero tampoco pierden, y entonces se convencen de que no establecer mecanismos de cooperación será peor para todos. Entre 1930 y 1983, Argentina fue un ejemplo del escenario opuesto: la imposibilidad de la cooperación. El primer golpe de estado del siglo XX instaló una “legalidad de facto” (cuando por primera vez en nuestra joven democracia la Corte Suprema se subordinó a un poder político anticonstitucional). De ahí en más cada cambio de gobierno intentó alinear al poder judicial con sus intereses. La última transición, desde esta lectura, se sustentó en el fracaso de la búsqueda de eliminar a los adversarios. El reconocimiento de esa imposibilidad habría generado las bases para el restablecimiento de la ley y la democracia.

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El capítulo 3 (¿Por qué crece la judicialización?) señala que el aumento de casos que acaban en los tribunales obedece, por un lado, al reconocimiento y visibilidad de la justicia y, por otro, da lugar a la intervención de jueces como actores de las decisiones políticas. Nada de esto es exclusivo de Argentina como bien ilustra en estos días la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos contra los aranceles implementados por la Administración de Donald Trump. (La Corte cumplió su papel de contralor de la constitucionalidad, pero el Presidente ha reaccionado descalificando la institución y denunciando que sirve a intereses externos).

La ley y los derechos humanos: un programa para la democracia (capítulo 4) muestra a la vez la originalidad de la política de derechos humanos que se llevó adelante en Argentina, empezando por la proeza alfonsinista de haber sentado a los máximos responsables de la dictadura en el banquillo. También deja en evidencia que muy desde el principio, lejos de un consenso monolítico, hubo disputas por la verdad, la memoria y la reparación, que redefinieron el marco del debate según el poder de distintos actores. El quinto capítulo (¿Cómo se protegen los derechos en las provincias argentinas?) hace una panorámica de la situación en las provincias y llama la atención sobre algo fundamental: las normas importan tanto como la posibilidad de hacerlas efectivas.

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Para el final queda el Lawfare. El capítulo 6 separa paja de trigo y ordena conceptos, relatos y casos. Desde 1980, el porcentaje de presidentes procesados por corrupción creció en América Latina, pasando del 30% registrado al inicio del período a un 56% después de 2000. De los 101 presidentes latinoamericanos en funciones entre 2000 y 2022, 57 enfrentaron causas por delitos de corrupción. De estos, 17 declararon sufrir persecución política y 12 se presentaron como víctimas de lawfare. No se trataría de una diferencia de fondo sino de marco: desde 2016, cuando los abogados del presidente Lula en Brasil introdujeron el concepto en su defensa, el término se propagó por la región. Las causas contra expresidentes han aumentado, sean de derecha o de izquierda. Sin embargo, solo la izquierda apela al marco del lawfare. ¿Por qué? Lo hace, sugiere la autora, porque permite articular una estrategia de defensa y movilización eficaz al alegar que las acusaciones carecen de pruebas, existe selectividad judicial y cuentan con el respaldo de corporaciones mediáticas que temen a los gobiernos populares. Existe corrupción, pero no siempre (no fue el caso de Lula). Y existe selectividad o manipulación de la justicia incluso cuando se persigue la corrupción (sobrados ejemplos hay de sentencias que duermen eternamente en cajones de Comodoro Py y otras que se aceleran).

La obra de Smulovitz, en su conjunto, es una invitación a reconocer la importancia de la ley, el lado bueno de su presencia en las disputas y también los riesgos que esto conlleva, porque la trampa está a la vista: la judicialización de la política pone en el centro los nombramientos de los miembros del Poder Judicial. Si la Justicia no logra recuperar legitimidad y sostener su independencia, la tentación de politizarla aún más terminará por corroerla. En marzo se cumplirán 50 años del último golpe de Estado que hubo en Argentina, que introdujo niveles de violencia sin precedentes incluso para un país con una trayectoria violenta como es el nuestro. Por la memoria, cuidar la Justicia es cuidar la convivencia en paz.

*Politóloga y comunicadora (Geneva Graduate Institute y Red de Politólogas)