Discapacidad en emergencia: profesionales y familias se movilizan por la crítica situación

Desde fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, docentes y hasta transportistas, todos alzaron su voz en redes sociales bajo un mismo mensaje: “La discapacidad está en emergencia”. La falta de pagos por parte de obras sociales y prepagas, sumado al congelamiento del nomenclador que fija los valores de las prestaciones, ha generado una crisis sin precedentes en el sector.

Según denuncian desde distintas organizaciones, en lo que va de 2025 el nomenclador ha registrado un aumento del 0%. A esto se suman aranceles que no cubren los honorarios mínimos éticos, pagos adeudados desde 2024 y gastos operativos que deben afrontar los profesionales de forma individual: alquileres, materiales, seguros, monotributo, entre otros.

“No se puede hablar de inclusión sin condiciones dignas”

Desde el sector advierten que esta situación atenta directamente contra el derecho a la inclusión. “No se puede hablar de inclusión cuando el Gobierno Nacional atrasa los pagos o avala las demoras de las obras sociales”, expresaron desde uno de los consultorios adherentes al paro.

También cuestionan el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), señalando su falta de respuestas y acción concreta. “No sirve que salgan a decir que no han recibido información al respecto, cuando los prestadores hace meses que no cobran y las familias están desesperadas”, afirmaron.

Voces que exigen ser escuchadas

Pablo Recchia, representante de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y presidente de la Fundación Incluir de Gualeguaychú, remarcó que la crisis actual viola derechos fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), con rango constitucional en Argentina.

“La CRPD nos permite abordar la discapacidad desde el modelo de derechos. No se trata de ver a la persona como enferma, sino como sujeto de derecho con identidad y dignidad”, sostuvo. Recchia también cuestionó el traspaso de la ANDIS al Ministerio de Salud, lo que considera una regresión: “Volvimos al modelo médico, lo cual contradice completamente la convención”.

Además, criticó el desmantelamiento del sistema de pensiones: “Si hay pensiones mal otorgadas, que se auditen. Pero muchas personas con discapacidad perdieron este ingreso vital injustamente. Una pensión mínima no puede ser la causa del déficit fiscal. No vislumbramos una solución. Al contrario, día a día vemos más violencia, más odio”, señaló.

Recchia destacó el elevado costo de las prestaciones: “Una sesión de fonoaudiología cuesta $23.000. Mínimo son ocho por mes, sin contar otras terapias ni medicación. ¿Cómo se sostiene esto con una Asignación por Discapacidad de $60.000?”.

También fue crítico con el rol del Estado: “A la gestión estatal, que nos representa, no le interesan en absoluto las personas con discapacidad. Las personas con síndrome de Down son insultadas y son víctimas de memes por el mismo Presidente de la Nación. No tenemos ningún tipo de afecto ni expectativa con esta gestión de gobierno”.

Por último, Recchia fue tajante sobre el contexto general que atraviesa el sector:
“Estoy hablando del país, de las provincias, de los municipios. Más allá de algún programita que se instale, hoy no tenemos prestaciones de salud. Tenemos problemas en la inclusión escolar de personas con discapacidad. Laboralmente, por más buenas intenciones que haya, de cada 10 personas con discapacidad en condiciones de trabajar, sólo una lo hace. Podemos hablar de números también, tenemos estadísticas. Tampoco se ha hecho lo prometido: la nueva ley de discapacidad en Argentina no avanzó más y el censo específico nunca se realizó. En el censo general de la gestión de Fernández, las personas con discapacidad no fueron incluidas. ¿Por qué? Porque ese censo daría un número real, y ese número implicaría presupuesto en políticas públicas de discapacidad. Y ahí está el problema: el presupuesto parece ser la mala palabra”.

“La discapacidad no es un gasto: es un derecho”

Carina Leonardi, presidenta de la asociación civil TGD Padres TEA de Gualeguaychú, también expresó su preocupación:
“El colectivo de personas con discapacidad parece ser el que más recortes recibe. Hace 10 meses que los sueldos aumentan, pero en discapacidad no hubo ningún incremento desde diciembre de 2024. El último fue del 0,5%. En este momento, la mayoría de los prestadores del país no ha cobrado desde enero, y además les adeudan meses de 2024. Parece que el colectivo discapacidad es ‘la casta’”, lamentó.

Leonardi cuestionó la excesiva burocracia para acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y denunció la desprotección a las familias. “Cuando recibís un diagnóstico, no imaginás el camino de trámites que te espera. Una vez que obtenés el CUD, comienza la lucha con las obras sociales para acceder a los tratamientos y para que paguen a los prestadores, que en muchos casos no cobran desde enero”.

“Se recrudeció con el tema de las pensiones. Creemos que quienes cobran pensiones indebidas deben dejar de cobrar, por supuesto. Pero las personas a quienes sí les corresponde deberían conservarlas. Sin embargo, se expuso al colectivo queriendo instalar que todas fueron mal otorgadas”, concluyó.

La cita a reclamar

La medida de fuerza nacional impulsada por numerosos colegios profesionales, consultorios y asociaciones no busca perjudicar a las personas con discapacidad, sino justamente proteger sus derechos. Sin prestadores no hay prestaciones, y sin condiciones dignas no puede haber salud ni inclusión real.

El paro, que se extiende del 26 al 30 de mayo, es una llamada de atención al Estado. Un reclamo por el cumplimiento de obligaciones básicas: pagar en tiempo y forma, actualizar aranceles, y respetar los derechos de las personas con discapacidad y de quienes trabajan por su bienestar todos los días.

Gualeguaychú marchará este jueves 29 de mayo, a las 18:30 horas. El punto de encuentro será en la intersección de 25 de Mayo y Rocamora, para luego marchar por calle 25 hasta la Plaza Urquiza. Se solicita llevar una vela o cartel como expresión de que “la discapacidad está en emergencia”.