Pasaron más de cien días de la última manifestación en la puerta de la obra social ubicada en Rucci 37, pero, lejos de mejorar el servicio, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad cada vez deja más desamparados a sus afiliados. Hay prestadores que no cobran desde junio.
Redacción EL ARGENTINO
Corría septiembre cuando un nutrido grupo de afiliados y prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) se manifestó en la delegación Gualeguaychú de la obra social, donde presentaron una nota dirigida a la directora del Iosfa, Bettina Zurballe, y a Luis Petri, por entonces ministro de Defensa de la Nación. En el medio, Petri fue electo diputado y, días pasados, renunció a la Cartera que ahora conduce el teniente General Carlos Pestri, primer militar en el gobierno civil argentino desde el regreso de la democracia.
Lamentablemente para los afiliados al Iosfa, los cambios políticos no tuvieron su correlato en las prestaciones médicas. “No cambio nada, al contrario, se empeoró. No funciona en ningún aspecto la obra social, pero la cuota de afiliado te la descuentan religiosamente. Por tres adherentes te cobran 380 mil pesos, y dependiendo de lo que cobres puede ser más, pero el servicio no funciona”, reclamó, en diálogo con EL ARGENTINO, Juan Martínez, uno de los afiliados que había motorizado las protestas en la sede de Rucci 37.
En esa última ocasión, los afiliados habían puesto sobre la mesa los problemas en la cobertura de discapacidad, como la atención médica en general y el suministro de medicamentos; los cortes en farmacias y la falta de respuestas en los estudios complementarios y reintegros, entre los principales puntos.
“Muchos prestadores e institutos están al borde de cerrar sus puertas por no poder continuar esperando a las familias, (a las cuales) les es imposible afrontar el costo de terapias y apoyos educativos terapéuticos. Es fundamental que no dejen en situación de abandono a los afiliados de Iosfa, que están transitando por una cuestión de salud que implica riesgo de vida y calidad de vida, que implica, sobre todo, prestación de apoyos a las personas con discapacidad, ya que la salud es un derecho”, remarca, en su momento.
Ahora, más de cien días después, los afiliados aseguran que “los prestadores están desde junio sin cobrar. Es un problema que viene de antes, pero este gobierno lo profundizó aún más, a tal punto que ni te atienden el teléfono en la delegación Gualeguaychú”.
“Seguimos a la buena de Dios, si queremos atención tenemos que pagar la consulta de 30 a 40 mil pesos, dependiendo de cada profesional. Y es una mentira que después te reintegran, aunque nuestros aportes estén al día, no te reintegran nada. No funciona la obra social y parece que a nadie le importa”, se quejó Martínez, quien tiene más de 40 años de aportes.
Un gigante en problemas
Con más de 600.000 afiliados activos y pasivos, se trata de la tercera obra social más grande del país, tan solo superada por el PAMI y IOMA. Así y todo, el flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, heredó una deuda estimada en más de $ 200.000 millones.
Para el ex ministro Petri, una de las razones del mal manejo de Iosfa es la fusión de las tres obras sociales de las Fuerzas Armadas que antes funcionaban en forma separada, dispuesta por el decreto 637/2013, firmado ese año por la entonces presidenta Cristina Kirchner. Pero, desde el Foro de Generales Retirados se atribuyó la responsabilidad de la crisis a las sucesivas gestiones de los mendocinos Oscar Sagás y Roberto Fiochi, designados por Petri.
En los últimos dos años se sucedieron varios reclamos en el Directorio de la obra social, integrado por representantes de las fuerzas, para que se auditaran las polémicas gestiones de Sagás y de Fiochi. Pero los pedidos no encontraron eco en la presidencia de Iosfa ni en el Ministerio de Defensa.
“Cuando asumió el gobierno de La Libertad Avanza, la obra social de los militares tenía reservas positivas por más de $25.000 millones y un adecuado nivel de prestaciones, sin cortes de cobertura médica. En dos años, tras las gestiones de Sagás y Fiochi, el déficit asciende a más de $160.000 millones, a lo que se suma una caótica situación prestacional”, ya había denunciado el foro militar en mayo pasado, tras la renuncia de Fiochi. Con el correr de los meses, el pasivo creció a unos $200.000 millones y la cobertura de la obra social no deja de empeorar.
La palabra de los afiliados
“La cuestión burocrática es uno de los problemas más recurrentes, te piden mil cosas y se toman muchísimo tiempo para autorizarte una terapia o aprobarte un reintegro. Además, todo lo tenés que pedir por nota, y ellos nunca responden esas notas dentro de los términos o los tiempos legales”, expuso una de las mujeres que se manifestaron en Rucci 37.
“Siempre hubo inconvenientes con la obra social, pero no tan graves como ahora. Si te vas a atender siempre algo tenés que pagar a de más de la orden. Quienes tenemos Certificado Único de Discapacidad (CUD) tenemos que pagar las terapias y esperar el supuesto reintegro que tardan meses en pagarte”, expuso, otra de las afiliadas.
Por otro lado, “los valores de las sesiones van de 15.000 a 36.000 pesos”. Y “nuestros hijos necesitan, como mínimo, dos terapias por semana, lo que se nos vuelve imposible de pagar. Lo mismo con el acompañamiento en el aula, la maestra de apoyo cobra 30.7000 pesos. La mayoría de las familias no lo pueden pagar si la obra social no responde”, apuntó otra de las madres presentes en la delegación local del Iosfa.