La Liga Profesional decidió frenar la actividad entre el 5 y el 8 de marzo como señal de apoyo institucional a la conducción de la AFA, tras las denuncias de ARCA por presunta evasión tributaria.
Lunes, 23 de Febrero de 2026,
18:24
Redacción EL ARGENTINO
El fútbol argentino atraviesa un conflicto de dimensiones inéditas. Los clubes de Primera División resolvieron suspender por cuatro días todos los partidos, en defensa de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, acusados en una causa por retención indebida de aportes. La medida, que se extenderá del 5 al 8 de marzo, busca mostrar unidad frente a las denuncias de ARCA y la investigación judicial que involucra a la cúpula de la AFA.
Una decisión política en medio de la crisis institucional
La resolución se tomó en una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, donde Gustavo Lorenzo, director general de la AFA, presentó documentación que —según sus palabras— demuestra que la entidad no registra deudas fiscales exigibles. Con ese argumento, los dirigentes consideraron que la denuncia carece de sustento y decidieron impulsar el paro como gesto de respaldo.
Claudio Tapia instó a los clubes a actuar en conjunto, y rápidamente se inició un diálogo con las demás categorías para que adhieran a la medida. El comunicado oficial de la AFA sostuvo que las obligaciones fiscales fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento y acusó a ARCA de pretender configurar un delito “en abierta contradicción con las normas jurídicas vigentes”.
Fabián Berlanga, presidente de Vélez, expresó que la decisión responde a una ofensiva institucional: “Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD y ya los socios dejaron clara su postura”.
El origen de la causa se remonta a diciembre de 2025, cuando ARCA denunció un perjuicio fiscal superior a $19.300 millones por omisiones en el pago de IVA, Ganancias y contribuciones patronales entre 2024 y 2025. La fiscalía sostiene que la AFA tenía plena capacidad de cumplir, dado que recibió ingresos superiores a $453.000 millones en 2025.
Los testimonios internos apuntaron a Toviggino como responsable del control económico y a Tapia como administrador de la clave fiscal. El cronograma de indagatorias comenzará el 5 de marzo con la declaración de Tapia, seguido por Toviggino y otros dirigentes.
En paralelo, la justicia autorizó a Tapia a viajar al exterior bajo fianza de $5 millones para asistir a compromisos oficiales en Colombia y Brasil, mientras se investigan también otras causas por presunta administración fraudulenta y adquisición irregular de bienes de lujo.
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