La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resolvió sumarse a una acción judicial colectiva que será presentada a nivel nacional para exigir la plena vigencia de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario. La medida, coordinada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca que el Poder Ejecutivo cumpla con la promulgación y ejecución de una norma que ya fue aprobada dos veces por el Congreso.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 280/25 del Consejo Superior de la UNER, en la que además se ratificó el “estado de asamblea permanente del cuerpo ante la crisis presupuestaria y salarial provocada por las políticas sostenidas desde el gobierno nacional”. La acción judicial también contará con el respaldo de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y de la Asociación del Personal de la UNER (Apuner), que confirmaron su adhesión.

El Consejo Superior recordó que la ley fue sancionada por amplia mayoría en ambas cámaras, luego vetada por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno nacional “ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de no respetar la decisión soberana del Poder Legislativo, evitando promulgar y ejecutar la ley sancionada, incumpliendo así el normal funcionamiento institucional de la República”.

El documento universitario advierte que la crítica situación presupuestaria y salarial “pone en crisis incluso las funciones más básicas de docencia, investigación y extensión, así como el sostenimiento de políticas de bienestar estudiantil y desarrollo territorial”.

En ese marco, la UNER destacó que la Ley de Financiamiento Universitario representa “una respuesta responsable que garantiza la protección y el sostenimiento del sistema público de educación superior, además de la recomposición salarial de docentes y nodocentes”.

El CIN, que coordina la acción colectiva, afirmó en un comunicado reciente que el reclamo “ya fue acompañado por la sociedad argentina en tres manifestaciones masivas” y exhortó al Poder Ejecutivo a “cumplir con su responsabilidad institucional promulgando y ejecutando el instrumento que garantiza la reparación tan necesaria para el sistema universitario”.

Con esta decisión, la UNER se suma a una estrategia conjunta del sistema universitario público que apunta a frenar el deterioro financiero y a exigir el respeto por la autonomía universitaria y la división de poderes.