El superávit financiero volvió al centro del debate tras la difusión de los resultados fiscales de octubre. Aunque el Ministerio de Economía anunció un saldo positivo de $517.672 millones, distintos economistas coinciden en que esa foto se sostiene en una contabilidad que deja fuera gastos clave, en particular los intereses de deuda que no se pagan en efectivo pero que igualmente se acumulan.

El cuestionamiento principal apunta a que el Gobierno mide únicamente los pagos efectuados, sin incorporar la deuda flotante ni los intereses capitalizados que engrosan los pasivos del Estado. Esa metodología permite mostrar una hoja de resultados más robusta de lo que indican los números de fondo.

El economista Nicolás Gadano advirtió que, si se corrige la medición y se incorporan esos intereses que se siguen sumando, el resultado financiero acumulado a octubre pasa a ser un déficit del 2,3% del PBI. El señalamiento encontró eco incluso entre técnicos cercanos al oficialismo, que reconocen que el superávit es el principal sostén del discurso económico y que su deterioro afectaría la narrativa fiscal del Gobierno.

La discusión aparece en un contexto de desaceleración de los ingresos tributarios y aumento del costo de la deuda. Según el IARAF, el superávit primario cayó 16% interanual en términos reales. La recaudación totalizó $11,9 billones en octubre, con una baja real de 2,4% respecto del mismo mes del año pasado. A su vez, el superávit financiero se redujo un 25%, impactado por ingresos que se debilitan mientras los pagos por deuda avanzan por encima de la inflación.

Entre los factores que más golpearon a los recursos figuran la fuerte caída de Bienes Personales —producto del blanqueo del año pasado y del régimen especial que redujo la base imponible— y un menor aporte de retenciones, consecuencia de la liquidación anticipada de divisas para sostener el tipo de cambio antes de las elecciones. Ese anticipo generó un bache que hoy se refleja en las arcas públicas.

En paralelo, el gasto en intereses creció 4,3% en términos reales, aun sin incluir los montos capitalizados que no se registran como pagos pero incrementan la deuda. Ese componente es el que los analistas señalan como el núcleo del problema: el costo de financiar al Estado aumenta de manera persistente y presiona sobre un esquema fiscal que ya enfrenta límites.

Con una actividad económica enfriándose, ingresos tributarios que se aflojan y un peso creciente de la deuda, la sostenibilidad del superávit tal como lo presenta el Gobierno comienza a despertar dudas. La brecha entre la contabilidad “caja” y la realidad económica vuelve a tensar la discusión sobre la verdadera salud de las cuentas públicas y anticipa un escenario más restrictivo hacia adelante.