Presentación formal y fundamentos del reclamo

Este jueves, la legisladora nacional Blanca Osuna ingresó un reclamo administrativo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, amparada en la Ley Nacional N° 19.549. La denuncia se centra en el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, específicamente por la falta de publicación del Convenio de Permiso de Uso Oneroso firmado el 28 de octubre de 2024 entre el Ente Autárquico Puerto Ibicuy y la empresa PTP Warrant S.A.

Osuna detalló que realizó cuatro pedidos formales entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, sin obtener respuestas completas ni adecuadas. Incluso, tras una presentación ante el Instituto Portuario en junio, la responsabilidad fue derivada sin resolución concreta.

La diputada advierte que el convenio regula el préstamo de uso de una infraestructura estratégica para la provincia. El Puerto Ibicuy no solo canaliza la producción regional y genera empleo, sino que también impacta directamente en la salud ambiental de las comunidades cercanas.

El reclamo cobra mayor gravedad tras el acopio a cielo abierto de 5.000 toneladas de azufre por parte de PTP Warrant S.A., entre marzo y junio de 2025. La exposición del material a lluvias y vientos generó riesgo de contaminación del aire, suelo y aguas del Paraná Ibicuy, afectando a trabajadores, vecinas comunidades y actividades turísticas, pesqueras y deportivas.

Exigencias concretas

Osuna solicita respuestas inmediatas sobre:

• Publicación íntegra del convenio
• Estudios ambientales exigidos (EIA, certificados, medidas de contención)
• Avance de obras comprometidas
• Registros de facturación y pago del canon
• Protocolos de prevención y remediación ante contaminación

Legislación vigente y contradicciones políticas

La diputada remarca la paradoja de que el gobernador Rogelio Frigerio, impulsor de la Ley Provincial N° 11.191 sobre acceso a la información pública, sea el principal responsable político de los organismos que omiten datos clave. “Predicar con el ejemplo implica cumplir con la ley”, sostuvo.

El reclamo de Osuna no solo interpela la gestión administrativa, sino que pone en evidencia una tensión entre el discurso oficial de transparencia y la práctica institucional. En un territorio donde el puerto es motor productivo y ambientalmente sensible, la falta de información pública no es solo una omisión legal: es una amenaza concreta para el desarrollo, la salud y la confianza ciudadana.