“Acá hay una cuestión política, pero no desde el Ejecutivo porque quien está detrás de la reforma no es el gobernador. Lo que compartimos todos los estamentos que estuvimos en la reunión de la Comisión General y de Acuerdos del Senado es que, si se sanciona esta ley, ya nace herida de muerte porque es inconstitucional, ya que viola groseramente el artículo 118 de la Constitución Nacional que establece que todos los juicios criminales terminarán por jurado. Ese ‘terminarán’ habla de que es obligatorio que terminen en juicio por jurado”, opinó Garzón.

Planteó que si son excluidos de los juicios por jurado los casos de abuso sexual, se genera un problema constitucional con los que ya se realizaron, los cuales deberían anularse. Esto, “además de un retroceso constitucional gravísimo porque se recortan poderes a la ciudadanía, implicaría un nuevo cuello de botella porque todos esos juicios deberían volver a hacerse”.

“Los que quieren reformar la ley de juicio por jurados, han ido mutando los argumentos, porque se les han ido cayendo. El primero de ellos es económico, pero si se modifica el artículo 46 se soluciona el problema”. “El argumento económico desapareció, y ahora usan otros dos argumentos: uno es que no hay infraestructura, y eso no es así, lo que no hay en Paraná es voluntad”, expresó.

En ese sentido, refirió que “el abogado José Ostolaza de Concepción del Uruguay, quien participó de 13 juicios por jurados y es el abogado que en más juicios por jurados participó, confirmó de manera categórica que en la costa del Uruguay no se violan los plazos razonables, todos los juicios por jurados se hacen en tiempo y forma. En cambio, según la página oficial del Poder Judicial, desde diciembre de 2020 hasta agosto de 2025, se hicieron 30 juicios por jurados en Paraná, de un total de 143 juicio en toda la provincia”.

Respecto de la inconstitucionalidad, Garzón explicó que “el juicio por jurado se encuentra establecido desde 1853 en la Constitución y en la provincia de Entre Ríos desde 1933 y ratificado por la Convención de 2008. Una vez que se establece la competencia, que en este caso es de 20 o más años en abstracto, no se puede volver para atrás, porque al establecer la ley de juicio por jurados se torna operativa esa cláusula constitucional, que es el artículo 18. Para quitar competencias hay que modificar la Constitución; lo que sí se puede hacer es ampliar los delitos que pueden ir a juicio por jurado, como podrían ser los delitos de corrupción”. Radio Plaza