La Comisión Europea encendió las alarmas en la agroindustria argentina al publicar un documento técnico que revisa los criterios del ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). Por primera vez, la soja fue incorporada a la categoría de “alto riesgo ambiental”, equiparada al aceite de palma. De avanzar esta clasificación, la Unión Europea dejaría de importar biodiésel y aceite de soja para biocombustibles, cerrando de hecho el único mercado relevante para el producto argentino.

El nuevo esquema favorecería al aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del bloque europeo.

Para la Argentina, el impacto sería crítico: pérdidas anuales estimadas en u$s350 millones, cierre de plantas industriales y pérdida de empleos. “La medida europea es una barrera injustificada al comercio”, denunció Gustavo Idígoras, presidente de CIARA, quien cuestionó el sustento técnico del informe. Según explicó, la superficie sembrada de soja en el país viene disminuyendo desde hace más de una década y no implica pérdida de carbono en el suelo.

“No es un debate científico sino político”

La industria sostiene que el biodiésel argentino cumple con estándares ambientales exigentes y cuenta con sistemas de trazabilidad que garantizan producción sustentable, muy lejos de los procesos que motivaron restricciones al aceite de palma en Asia. Sin embargo, interpretan que la decisión tiene un trasfondo político vinculado a las tensiones internas de la UE y al demorado acuerdo comercial con el Mercosur. “No es un debate científico sino político”, advirtió Idígoras, al señalar que la medida busca proteger a productores europeos y limitar el ingreso de biocombustibles más competitivos.

Ante este escenario, CIARA-CEC trabaja junto al Gobierno en una estrategia de defensa comercial y diplomática. Entre las opciones figuran acciones legales internacionales, incluso un panel en la Organización Mundial del Comercio y denuncias en el marco del acuerdo UE–Mercosur. El conflicto se suma a un contexto delicado para la agroindustria argentina, que enfrenta márgenes ajustados y presión fiscal. Una eventual pérdida del mercado europeo sería uno de los golpes más duros para el sector en los últimos años.