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La Corte Suprema intervendrá en la demanda de Entre Ríos por fondos previsionales

El máximo tribunal aceptó la competencia originaria en la causa iniciada por la provincia contra Nación para reclamar más de $154 mil millones adeudados en transferencias jubilatorias.

Miércoles, 17 de Septiembre de 2025, 9:30

Redacción EL ARGENTINO

La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes declararse competente en la demanda presentada por Entre Ríos contra el Estado Nacional, por el incumplimiento de las transferencias establecidas en el Consenso Fiscal de 2017 para sostener la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial.

 

La acción judicial había sido iniciada en abril de 2024 por el gobernador Rogelio Frigerio y el fiscal de Estado Julio César Rodríguez Signes. En la presentación, la provincia reclamó el pago de $154.606 millones, monto que la Caja calculó como deuda acumulada al momento de la demanda.

 

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En sus fundamentos, el tribunal sostuvo que, al tratarse de un reclamo de una provincia contra el Estado Nacional, corresponde a la Corte intervenir en instancia originaria, tal como prevé el artículo 117 de la Constitución.

 

La resolución dispuso correr traslado al Estado Nacional, que tendrá un plazo de 60 días para responder. Además, se librará oficio al Ministerio de Trabajo y se notificará al procurador general Eduardo Casal.

 

La demanda entrerriana se apoya en los compromisos asumidos por la Nación en 2017, que incluían la eliminación de penalizaciones por no armonización previsional, la continuidad de anticipos mensuales de ANSES y un mecanismo de actualización automática de fondos según el déficit provincial.

 

Desde la provincia sostienen que esos compromisos fueron incumplidos, lo que profundizó el déficit del sistema previsional local. La causa se suma a reclamos similares de otras jurisdicciones, que también denunciaron demoras o recortes en las transferencias.

 

Con esta decisión, la Corte abre el proceso ordinario en el que se deberán producir pruebas y escuchar los argumentos de ambas partes antes de una definición de fondo.

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