El próximo 13 de agosto a las 12:00 hs., el empresario Sergio Andrés Aguirre deberá prestar declaración indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello. La Justicia Federal lo investiga como presunto integrante de una asociación ilícita que habría desviado más de 266 millones de pesos de Osprera , la obra social de los peones rurales, intervenida por el Gobierno nacional.

El caso cobró relevancia pública debido a que Aguirre mantiene una relación comercial de más de siete años con Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, con quien comparte la firma TR Nutrition SRL desde 2018. Aunque Menem no está imputado, los lazos de su entorno directo quedaron bajo la lupa judicial.

La empresa en el centro de la polémica es HTECH Innovation, constituida en abril de 2024. La firma se inscribió como una consultora de servicios informáticos y desarrollo de software sin antecedentes ni empleados registrados. A pesar de esto, se convirtió en proveedora de Osprera tras la intervención decretada por el Poder Ejecutivo en agosto de 2024. La entonces interventora, Virginia Montero, contrató a la compañía, que emitió sus dos primeras facturas en noviembre de ese año por montos que superaron los 47 millones de pesos.

El circuito de las contrataciones

La investigación judicial sumó elementos sobre el funcionamiento de la estructura. Previo a la ampliación de su objeto social para poder facturarle a la obra social, Aguirre mantuvo un encuentro de dos horas con Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. Tras la renuncia de Montero, su sucesor, Marcelo Petroni —un abogado ligado a “Lule” Menem—, profundizó el vínculo con la consultora. Los peritajes a los mensajes de WhatsApp de Petroni revelaron comunicaciones explícitas enviadas a Aguirre, tales como: “Eso lo tienen que saber Martín y Lule”.

El entramado societario de HTECH incluye a Stefano Zanetti y a María Casandra Mirabelli, madre de Aguirre, quienes también fueron citados a indagatoria. Mirabelli cumplía funciones en paralelo como secretaria privada del propio interventor Petroni. Ante la sospecha del desvío de fondos públicos, el magistrado ordenó un embargo preventivo de 920 millones de pesos sobre los bienes de los involucrados, tras detectarse la adquisición de vehículos de alta gama, entre ellos una camioneta BMW y una moto Ducati.

Durante los procedimientos, la Justicia allanó la sede declarada de la firma en la calle Jorge Newbery al 1500, constatando que allí opera otra empresa de Aguirre llamada Wellmets, por lo que el domicilio real de la consultora permanece sin determinar. Desde el entorno de la familia Menem señalaron que se trata de una operación política derivada de internas gubernamentales y afirmaron que no tienen vinculación con los hechos investigados.

Fuente: Perfil