La iniciativa, que busca reforzar las sanciones a quienes incumplen con el deber de aportar alimentos a sus hijos e hijas, incorporó modificaciones consensuadas que mejoran su futura implementación y garantizan una regulación más clara y efectiva. Se espera que el proyecto alcance media sanción en los próximos quince días.

“Si alguien elige no cumplir con su obligación más elemental, que es la de sostener a sus hijos, no puede después destinar recursos a entradas de espectáculos o apuestas en un casino. La responsabilidad parental debe estar por encima de cualquier gasto superfluo”, afirmó Arrozogaray.

El texto propone dos nuevas restricciones para quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios: -Prohibición de ingreso a espectáculos culturales y deportivos pagos. -Restricción de acceso a salas de juego y casinos de la provincia.

Estas medidas complementan las sanciones ya vigentes, que impiden a los deudores ser proveedores del Estado, concesionarios o funcionarios públicos. Además, el proyecto establece que los municipios adheridos deberán informar a los organizadores de eventos sobre esta prohibición, y que el IAFAS, junto con el Registro de Deudores, definirá los mecanismos de control en las salas de juego.

Arrozogaray subrayó que el objetivo es construir un marco legal más firme que visibilice la responsabilidad parental y evite que los recursos se destinen a actividades recreativas mientras se incumplen obligaciones esenciales.

“Queremos enviar un mensaje claro: el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos debe ser prioridad. Con esta ley, fortalecemos herramientas para garantizarlo”, destacó la legisladora.