El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay dictó una orden de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol para localizar a Rubén Alberto "Petro" Cabra, de 43 años. El hombre fue condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, pero se encuentra prófugo desde el pasado 16 de junio, momento en que conoció el veredicto condenatorio a través de una audiencia virtual por la plataforma Zoom en la que participaba desde la provincia de Chaco.

La fuga quedó al descubierto cuatro días después del fallo, cuando efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un operativo en la ciudad chaqueña de Villa Ángela para notificarlo formalmente y proceder a su detención. Al allanar tres domicilios vinculados al imputado, los agentes recibieron respuestas evasivas de su madre y de su pareja, quienes adujeron no tener contacto con él. Finalmente, en una tercera vivienda ocupada por su cuñada, se constató que Cabra había retirado todas sus pertenencias personales coincidiendo con la fecha exacta de la lectura de la sentencia. Ante esto, el juez de Cámara Sebastián Gallino lo declaró en rebeldía mediante resolución formal.

El juicio oral dio por acreditado que los aberrantes hechos comenzaron en el año 2006, cuando el implicado captó a una adolescente de 17 años en Chaco bajo falsas promesas laborales. La menor fue trasladada a la costa del Uruguay y encerrada en un cabaret de Concepción del Uruguay, donde fue privada de su libertad y sometida a explotación sexual. Aunque en una oportunidad logró escapar a su provincia natal, fue localizada por sus captores y devuelta a Entre Ríos para continuar con los padecimientos. La denuncia recién pudo radicarse en 2019 a través de la Línea 145, activando la intervención de la PROTEX y la Fiscalía Federal local.

Dado que el dueño original del prostíbulo falleció durante la etapa de instrucción, Cabra —sobrino y socio del propietario— llegó al debate como el único acusado. Además de la pena de reclusión, el tribunal entrerriano dispuso que el condenado deberá abonar una histórica reparación económica de $65.292.000 en favor de la víctima. Asimismo, la sentencia dictaminó el embargo preventivo de una motocicleta y el decomiso definitivo del inmueble donde funcionaba el local nocturno utilizado para el delito.