A casi diez días de la suspensión del encuentro previsto para el 4 de noviembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) señalan que persiste la incertidumbre. El primer cruce formal había sido el 15 de octubre, cuando el Ejecutivo propuso sostener durante el último trimestre las sumas fijas de $50.000 para activos y $25.000 para pasivos, tal como se aplicó entre julio y septiembre.

Oscar Muntes, secretario general de ATE, fue contundente al describir el clima interno: “No hay convocatoria, no hay indicios de cuándo nos llamarán. La semana próxima cierra el período de liquidaciones y cualquier propuesta debe presentarse con tiempo para ser analizada”. Remarcó que el salario es el eje central de la agenda gremial y advirtió que el sueldo estatal continúa perdiendo frente a la inflación. “Vamos a cumplir cuatro meses sin aumento. No tenemos más tiempo y la señal no es buena”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el 88% de los empleados públicos no llega a cubrir el costo de la canasta que marca la línea de pobreza, estimada en más de $1,2 millones mensuales. “El salario se seca. No se aguanta más la falta de convocatoria”, insistió.

Desde UPCN, la secretaria adjunta Carina Domínguez coincidió en el diagnóstico: “Hay incertidumbre. No se produjo ninguna novedad concreta”. Contó que mantuvo intercambios con el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, sobre recategorizaciones, aunque no hubo avances en lo salarial. “Están en dificultad y creo que no se comunica la dimensión del problema. Los trabajadores están esperando”, expresó.

Aun así, la dirigenta guardó una cuota de expectativa: “La convocatoria debería aparecer en estas horas. El malestar creció con el dato de inflación de octubre y con la canasta básica por encima de los salarios”. Para UPCN, lo clave es que la paritaria siga abierta y con voluntad real de negociación, ya que lo que se defina ahora impactará también en la discusión salarial de 2026.

Mientras se acumulan reclamos y tensiones, los gremios advierten que el Gobierno debe dar una respuesta inmediata. La combinación de aumento del costo de vida, congelamiento salarial y falta de interlocución formal convirtió el cierre del año en un escenario de creciente conflictividad para los trabajadores estatales entrerrianos.